Crisis en CHile

La mayoría quiere una nueva Constitución pero desconfía de los partidos políticos

Manifestante en Santiago. Octubre 2019 (Reuters)

La última encuesta “Termometro social 2019 del mes de Octubre” realizada por tres centros de estudios señalan que una amplia mayoría de los encuestados aprueba las protestas, desea una nueva constitución pero al mismo tiempo descree de los partidos políticos y las clases políticas para articular estos cambios. Mejoras en pensiones, acceso a la salud y educación entre la principales demandas.

Luego de que el 17 de octubre pasado el presidente Sebastián Piñera decidiera subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, las protestas (que comenzaron con una convocatoria de estudiantes a saltar molinetes) cobraron una magnitud inesperada conmocionando a las mismas bases de la sociedad chilena. Hasta el momento 23 son los muertos desde el estallido de las protestas. En el medio hubo declaración de “guerra” y de “terrorismo” de un enojado Piñera; luego anulación del aumento que había disparado las protestas y cambios de gabinete, con un presidente ya en otro tono mucho más conciliador . Aún así, la situación pareciera lejos de resolverse.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta el día de hoy se contabilizan 1659 heridos, cuarenta de estos últimos por disparos de balas. En paralelo, el gobierno chileno suspendió dos cumbres, el encuentro de líderes del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC) y la cumbre del clima COP-25. Tampoco se disputará en Santiago la final de la Copa Libertadores, luego de que lo decidiera hoy la Conmebol.

Un millón de personas se agolpan en la Plaza Italia en Santiago en la marcha del viernes 26 de octubre.

 

El sábado pasado, tres centros de estudios del vecino país publicaron un relevamiento de la percepción de los chilenos sobre la crisis.

La encuesta realizada por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social y el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, con la colaboración del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) fue realizada entre el martes 29 octubre y el viernes 1º de noviembre.

El Núcleo Milenio en Desarrollo Social es un centro de investigación financiado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile. Está integrado por un equipo de economistas y académicos de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad Alberto Hurtado.

Los resultados revelan un apoyo mayoritario a las manifestaciones y a una nueva constitución, una alta confianza en instituciones como Bomberos y ONG, en contraposición a un rechazo a los partidos políticos y las clases políticas, entre otros aspectos.

8 de cada 10 chilenos quiere una nueva constitución

De acuerdo al relevamiento Termómetro social la mayoría de los encuestados se muestra de acuerdo a reformar el sistema de Pensiones, Salud y Educación, el Sistema laboral, el Sistema tributario y la Constitución.

Cabe destacar que Chile se rige por una constitución creada en 1980 durante el gobierno autoritario de Augusto Pinochet, quien gobernó el país desde 1973 hasta 1990. Para muchos1, la actual Carta Magna, herencia de la dictadura, consagra el sistema neoliberal que ha regido a Chile en las últimas décadas y al mismo tiempo imposibilita cualquier intento de alterar el status quo tanto económico como social.

Amplio apoyo e importantes niveles de participación

Al preguntar respecto del movimiento social, el 85,8% de la población responde que está de acuerdo y un 7,3% responde que está en desacuerdo con el movimiento.

 

A su vez, de los que participaron del movimiento, el 71,7% manifiesta que participó en cacerolazos, un 61,4% en marchas o concentraciones y 58,6% a través de las redes sociales.

Mejoras en pensiones, acceso a la salud y educación al tope de la principales demandas.

PENSIONES: Las Administradoras de Fondos de Pensiones en el centro de las críticas.

El sistema de pensiones que actualmente rige en ese país fue creado en 1982, durante el gobierno de Augusto Pinochet. Básicamente, el mecanismo provisional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones. Un sistema similar al implementado aquí en la Argentina mediante la reforma previsional del ‘93, durante la última presidencia de Carlos Menem. En nuestro país este régimen sería eliminado posteriormente en el 2008, durante la primer presidencia de Cristina Fernandez.

En Chile, los cuestionamientos a este sistema (que de hecho fue ideado por el hermano del presidente chileno, José Piñera) vienen aumentado considerablemente en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en su contra. Por ejemplo, en 2016, salieron a protestar a la calle unas 600.000 personas que exigían el fin de este sistema de pensiones privadas. Para sus críticos, el sistema privado no entrega pensiones dignas (denuncian que el 80% percibe una pensión menor al salario mínimo) y aumenta la concentración de la riqueza y la desigualdad en el ingreso.

Actualmente, hay una reforma al sistema provisional en el Parlamento de Chile, reforma que fue una de la promesas de campaña de Piñera, pero que no goza de consenso en todo el arco político.

SALUD: un sistema público privado que no satisface a sus usuarios.

En cuanto a la salud, el sistema chileno dispone de un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional). Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%. La ausencia de hospitales y especialistas y la atención primaria de salud para prevenir enfermedades son el déficit más señalado por sus usuarios. Las listas de espera durante los últimos años acumula alrededor de 2 millones de personas.

Educación: aún con avances persisten las demandas por la ampliación de la gratuidad

La educación universitaria fue gratuita en Chile hasta 1981, cuando el dictador Pinochet simplificó los requisitos para la creación de universidades privadas mediante la Ley de General de Universidades. Estas instituciones se multiplicaron hasta superar las cuarenta, con un esquema de tarifas para las matrículas totalmente desregularizado.

En enero del 2018 el parlamento chileno aprobó la norma que establece la gratuidad universitaria al 60% más vulnerable y da luz verde para avanzar hacia la universalidad. Aún así, esta ley no ataca el problema de la inequidad de acceso de las distintas clases sociales a los niveles inicial y medio.

Evaluación de los agentes e instituciones relevantes en la crisis social

Las siguientes preguntas evalúan la confianza de la población en distintas instituciones, partidos y medios, con una escala de 1 a 10, donde el número 10 representa la mayor confianza sobre la institución. Los partidos políticos son la institución en la que menos confían los encuestados, seguidos por los legisladores, ministros y el presidente de la nación. Bomberos y ONG, entre las instituciones con mayor indice de confianza.

¿Como se puede resolver el conflicto?

El sondeo aborda también esta cuestión. Al preguntar por la organización en la que confiaría más como mediador entre el Gobierno y el movimiento social. Como primera preferencia, un tercio de las personas (31,6%) indican que, en caso de que se necesitara un mediador entre el Gobierno y el movimiento social, escogerían a las Organizaciones Sociales, seguido por un 17,6% que se inclina por algún Agente Internacional. Le siguen Alcaldes y Universidades, luego la opción “Ninguno” y Sindicatos. Cabe destacar que los Partidos Políticos y la Iglesia representan la menor opción.

 

En cuanto al modo en como debería resolverse la crisis, los encuestados responden como primeras opciones a instancias de acción de democracia directa, en desmedro de la resolución tradicional al interior de la institucionalidad política.

La región y el mundo miran con atención los sucesos en Chile. Si bien tanto este sondeo como otros muestran amplios apoyos a la protesta, así como también consenso en las demandas y la necesidad de avanzar en una nueva Constitución, la desconexión entre los sectores movilizados y los tradicionales actores políticos (partidos políticos, sindicatos, Iglesia) ponen un signo de interrogación al resultado de este proceso social. Proceso que mientras se resuelve, hasta el momento, se ha cobrado 23 muertos, más de 1600 heridos y acumulado múltiples denuncias por violación de derechos humanos.

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